En el Ateneo La Maliciosa a las 12h

Fuente: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/

Ante el alarmante agravamiento de la situación sanitaria en las cárceles del estado, y el insoportable e intolerable número de muertes entre los muros de las prisiones, diferentes colectivos e individualidades se unen para denunciar y visibilizar esta vulneración de derechos de las personas presas e impulsar medidas y actuaciones para corregirla sin renunciar a principios anticarcelarios y antipunitivistas. Hay muertes por negligencia institucional.

La asistencia sanitaria en los centros penitenciarios depende del Ministerio del Interior y no de los servicios autonómicos de salud salvo en las 3 comunidades con las competencias transferidas en esta materia (Cataluña, País Vasco y Navarra). Se trata de un modelo mixto donde la atención primaria se lleva a cabo por Instituciones Penitenciarias (o por medios ajenos concertados cuando no se disponen de propios) y la asistencia especializada se presta a través del Sistema Nacional de Salud.
La comparativa entre centros con competencias transferidas y centros no transferidos concluye que la ratio de personal asistencial por persona interna es mayor en los centros transferidos y existe una mayor accesibilidad tanto a la atención especializada como a la atención de urgencia.

Esta falta de transferencia de las competencias deriva en determinadas problemáticas, como son:

Falta de cobertura de plazas
En la actualidad solo el 30% de las plazas de personal sanitario están cubiertas lo que supone un ratio de 3,46 medicxs por cada mil personas presas, muy lejos de la media europea de 8 médicxs por cada mil internxs, y que existan siete centros que no cuentan con ningún médicx en su plantilla (a fecha de
septiembre de 2024).
Esto es debido a la falta de atractivo de estas plazas en comparación con las del Sistema Nacional de Salud puesto que son parte de la Administración Central del Estado y sus funciones están reguladas en la Ley General Penitenciaria, su salario medio es de 1450 euros brutos, inferior a la media de puestos equivalentes en los centros de salud, y una mayor carga de trabajo y burocrática al no solo atender a funciones médico-asistenciales sino también las médico-instrumentales tales como las cuestiones administrativas relativas a la atención sanitaria, el control medioambiental del centro y las funciones de informe y propuesta a los órganos de gobierno de la prisión, entre otras.

Incidencia de enfermedades
La prisión, por su propia naturaleza, es causa de enfermedad y padecimientos físicos y mentales. Pero la deficiente atención sanitaria actual por abandono supone, no solo una vulneración de sus derechos fundamentales sino también, una grave amenaza directa a la salud y la vida.

La falta de personal y medios producen deficiencias asistenciales como las siguientes:
    – La mayoría de los servicios médicos se prestan por videoconferencia.
    – El personal de enfermería se ve obligado a realizar tareas ajenas a sus competencias para cubrir la falta de personal médico.
    – Alta tasa de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis), que reciben además una atención insuficiente.
    – Restricciones de acceso a determinados tratamientos
    – Retraso o ausencia de tratamiento
    – Dificultad de acceso a la atención médica adecuada, suficiente y oportuna, así como a la atención especializada.
    – Seguimiento inadecuado o abandono del seguimiento de enfermedades crónicas.
    – Al depender del Ministerio del interior es difícil que prevalezca el criterio médico que vela por la salud del paciente sobre el de la autoridad penitenciaria.

Falta de atención especializada a patologías psiquiátricas y alta tasa de suicidios.
El sufrimiento psíquico es uno de los problemas graves de las personas presas y se traduce en sobremedicación, reinstitucionalización y patologización. La desatención médica en el ámbito psiquiátrico reduce la asistencia a la mera prescripción farmacológica.
El 30% de la población reclusa refiere que está en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado alguna vez quitarse la vida. La tasa de suicidio en prisión es 8 veces más alta que la de la población general.

El sistema penitenciario español solo cuenta con dos hospitales psiquiátricos (Sevilla y Foncalent) dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad y no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica que se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios.

NUESTRAS REIVINDICACIONES
Los centros penitenciarios tienen el deber encomendado de “velar por la vida, salud e integridad física de las personas privadas de libertad”. Hay que recordarles ese deber. Además, y para garantizarlo, reivindicamos lo siguiente:

– Asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que al resto de ciudadanas del Estado en cumplimiento de sus derechos fundamentales.
– Transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a los servicios de salud autonómicos, en cumplimiento de la Ley 16/2003, del 28 de mayo, para la Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
– Garantizar la existencia de canales de denuncia efectivos y confidenciales.
– Registrar de forma precisa el número de muertes en prisión y sus circunstancias
– Asegurar el cumplimiento de la pauta médica establecida previa al ingreso o la realización de un diagnóstico adecuado así como el seguimiento médico oportuno.
– Informar adecuadamente al paciente sobre cualquier cambio, modificación o interrupción del tratamiento.
– Respetar el carácter confidencial de los datos referentes a la salud.
– Instauración de un sistema quién ha solicitado atención médica, quién ha recibido atención y, en su caso, los motivos por los que no se ha realizado.
– Información, facilitación e impulso de hábitos de vida saludables.
– Implicación activa de los Colegios de Médicos y Enfermería, así como Sindicatos Sanitarios, en la defensa de los derechos sanitarios de las personas presas.

(Trabajo completo en: https://saludylibertadaragon.wordpress.com)

Desde mayo de 2025 más de una docena de presos y sus familiares están denunciando la existencia de un brote de sarna y la desatención que han venido y siguen sufriendo en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). Desde ese mismo momento, con el apoyo de algunxs solidarixs, se han venido desarrollando varias iniciativas y se han presentado multitud de quejas y denuncias ante las instituciones.
Con la intención de dar un nuevo impulso, que suponga un salto cualitativo en la extensión de la iniciativa/campaña, sumando nuevas adhesiones y fuerzas, se convoca una nueva movilización colectiva entre los días 20 y 30 de Mayo de 2026. Se hace un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo sus principios y criterio particular (mas info sobre como participar: https://desatencionenprision.noblogs.org)

11/05/2026 – por Osservatorio Repressione

Visitas pospuestas, pruebas nunca realizadas, atención médica denegada por falta de personal y solicitudes rechazadas a pesar de los riesgos para la salud. En el complejo penitenciario de Rebibbia, el derecho a la atención médica se ve vulnerado por el hacinamiento, la ineficiencia y la inhumanidad institucional.

Ingresar en prisión enfermo, deteriorarse tras las rejas y ver cómo la atención urgente se retrasa hasta el punto de poner en riesgo daños irreversibles. Esto es lo que, según se informa, está ocurriendo en el Complejo Penitenciario de Rebibbia, donde el caso de un recluso con graves problemas abdominales ilustra una vez más el colapso del sistema sanitario penitenciario italiano.
El hombre ingresó en prisión en un estado clínico muy delicado. Había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, tanto por peritonitis perforada como por repetidas reparaciones protésicas debido a una hernia abdominal recurrente. Su estado era grave, doloroso y muy inestable, agravado aún más por el encarcelamiento y la imposibilidad de recibir la atención adecuada de forma oportuna, acorde con la urgencia de su condición médica.
Durante su detención, sufrió repetidos episodios de intenso dolor abdominal, hemorragias y malestar físico. Según se informó, el personal médico interno solicitó citas urgentes con especialistas en varias ocasiones, pero se registraron constantes aplazamientos o cancelaciones debido a la falta de personal para acompañar al recluso a los centros externos.
Cuando finalmente se consiguió una cita con un cirujano especialista, los médicos prescribieron pruebas médicas rápidas para permitir una intervención urgente. Sin embargo, estas pruebas tampoco se realizaron, nuevamente debido a problemas organizativos dentro de la prisión.
Mientras tanto, el recluso continuó recibiendo únicamente analgésicos de mantenimiento, mientras su estado de salud empeoraba progresivamente.
La defensa ha presentado en dos ocasiones solicitudes urgentes al Juez de Vigilancia para el traslado del recluso a un centro médico externo, de conformidad con el artículo 11 del Código Penitenciario. No se obtuvo respuesta concreta. En ese momento, se designó a un médico forense, quien, tras analizar el historial clínico, concluyó que el recluso no era apto para el régimen penitenciario.
Según el médico, el sistema penitenciario no podía garantizar ni la atención necesaria ni la monitorización especializada esencial. Su estado clínico se describe como incapacitante, inestable y agravado por la insuficiencia de la atención médica interna y las constantes demoras organizativas. El médico señaló que la detención prolongada conlleva el riesgo de comprometer grave e irreversiblemente la salud del recluso.
A pesar de ello, el Juez de Vigilancia rechazó la solicitud de aplazamiento de la pena por motivos de salud, al considerar suficientes las garantías proporcionadas por la unidad médica de la prisión de Rebibbia, según las cuales el recluso recibiría atención continua y sería trasladado al exterior cuando fuera necesario para revisiones y supervisión.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las pruebas solicitadas con urgencia no se han realizado. La cirugía necesaria sigue posponiéndose. Además, según se informa, el recluso ha sufrido recientemente nuevos episodios de malestar físico, con un empeoramiento cada vez más rápido de su estado.
El caso plantea enormes interrogantes sobre el estado de la atención sanitaria penitenciaria en Italia y las condiciones internas de Rebibbia, un centro que ya sufre de hacinamiento, escasez de personal y constantes problemas organizativos.
La cuestión no se limita a un solo recluso. Se trata del significado mismo del castigo en un Estado de derecho.
El artículo 27 de la Constitución italiana establece que los castigos no pueden consistir en tratos inhumanos. El artículo 32 protege la salud como un derecho fundamental de la persona. Pero cuando un detenido permanece durante meses sin pruebas esenciales, intervenciones urgentes ni atención adecuada, mientras su estado clínico empeora día a día, estos principios pierden todo su valor.
Y es aún más grave si se tiene en cuenta que los delitos por los que se encuentra detenido no implican incidentes de especial relevancia social, y que se había identificado un centro externo, gestionado por asociaciones católicas, como idóneo para alojarlo bajo arresto domiciliario.
Esta historia expone con crudeza la verdadera realidad de las prisiones contemporáneas: un sistema donde el sufrimiento físico se convierte en rutina, donde los derechos fundamentales se subordinan a la burocracia y donde la detención corre el riesgo de derivar en negligencia médica.
En un país civilizado, nadie debería ser condenado a ver cómo su salud se deteriora irreversiblemente tras las rejas por falta de personal, retrasos administrativos o inercia institucional. Pero en las cárceles italianas, con demasiada frecuencia, esto es precisamente lo que ocurre.

https://www.osservatoriorepressione.info/rebibbia-il-carcere-che-lascia-marcire-i-detenuti-malati/

La cárcel como venganza: castigar, aislar, aniquilar

Desde la atención médica denegada al prisionero palestino Ryad Abustanji hasta los derechos negados a Cesare Battisti: en las cárceles italianas, el castigo deja de ser justicia y se convierte en humillación, persecución y deshumanización permanentes.
Las cárceles italianas ya no se asemejan ni de lejos a la retórica constitucional de la «reeducación». Cada vez más, revelan lo que realmente son: un lugar de venganza, de aniquilación progresiva, de suspensión concreta de los derechos fundamentales.

Las historias de Ryad Abustanji y Cesare Battisti, aunque muy diferentes, revelan la misma decadencia. La transformación del castigo en implacabilidad. La construcción de un sistema en el que ya no basta con privar a una persona de su libertad: hay que volver a golpearla, volver a aislarla, volver a humillarla.

Abustanji, un palestino de sesenta años, se encuentra recluido en la sección de alta seguridad de la prisión de Rossano, en Calabria, en el marco de la investigación de Génova que también implica al presidente de la Asociación Palestina en Italia, Mohammad Hannoun. Durante meses, sus abogados han solicitado que se le permita ser examinado en el hospital debido a graves problemas de salud: diabetes, problemas de próstata, problemas urinarios y un estado físico cada vez más deteriorado.
Las solicitudes quedan sin respuesta. Los correos electrónicos certificados son ignorados. Incluso cuando, durante una videoconferencia, el recluso parece confundido y se queja de perder la vista en un ojo, nadie interviene.

No es simplemente ineficiencia burocrática. Es la normalización de la negligencia.

Los abogados contactan al defensor del pueblo regional para lxs presxs, informando de una situación extremadamente urgente y solicitando una visita inmediata al hospital. Nada. Incluso tienen que presentar una solicitud directa a la fiscalía para gestionar un tratamiento que debería estar garantizado automáticamente en cualquier situación civil.
Y aquí surge la cuestión política central: los presos palestinos son tratados como sospechosos, como cuerpos que deben ser controlados, no como individuos con derechos inviolables. El abogado Mimmo Lucano también denunció esto sin rodeos, describiendo un crimen que parece consistir únicamente en ser palestino y solidarizarse con su pueblo mientras se desarrolla un genocidio en Gaza.

El mensaje es claro: la prisión debe doblegar, no curar. Castigar, no garantizar.

La misma lógica se aplica al caso de
Cesare Battisti. Condenado a cadena perpetua, preso hace muchos años autor de una admisión plena de su responsabilidad por los homicidios cometidos en los años setenta, que continua teniendo negados derechos que el reglamento penitenciario teóricamente reconoce.
No puede verse con su hijo de 13 años fuera de la cárcel, a pesar de los problemas psicológicos certificados del chico y a pesar de existir precedentes para casos similares.
¿Por qué? Porque el Estado continua considerándolo un irreductible. Porque no basta con haber admitido los hechos, haber pedido perdón, haber renunciado a la huida. Se pretende algo más: la sumisión total, la abjuración perpetua, la cancelación completa de la propia identidad política y biográfica.
Artículos publicados hace años en su blog o manifestaciones de solidaridad son usadas como pruebas de presuntos vínculos con ambientes radicales y como argumento para negarle los beneficios previstos por la ley.
Aunque la cárcel pretende ser una ejecución de la pena se vuelve un dispositivo simbólico. Una condena sin fin. Un castigo que debe ir más allá del derecho, de la proporcionalidad, de la propia lógica jurídica.
Battisti denuncia también condiciones materiales degradantes: a pesar de la cadena perpetua nada de celda individual, imposibilidad para escribir o trabajar dignamente, y a sus 72 años acceso al trabajo limitado a la lavandería de la prisión.

Son detalles que sólo en apariencia resultan secundarios. Porque la cárcel contemporánea se rige sobre la acumulación de pequeñas provocaciones, humillaciones y restricciones que lentamente vacían a la persona.

https://www.osservatoriorepressione.info/il-carcere-come-vendetta-punire-isolare-annientare/

Recordamos que el joven laudiotarra fallecido el 7 de abril en la cárcel de Zaballa, gestionada y dirigida por el Gobierno Vasco, se llamaba Gorka y nunca cedió ante la maquinaria de opresión que es la cárcel. Sólo le faltaban 3 días para salir de ese agujero negro que es una pesadilla, y a diferencia que a nuestras supuestas instituciones, a las ONGs engrasadas con dinero público, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a nosotrxs su muerte nos importa y preocupa mucho, como las de todas las personas asesinadas en cárceles vascas en los últimos años. Gorka, debía abandonar la macrocárcel de Zaballa, descendiente del matadero conocido como Nanclares/Langraitz, y que como élla se mantiene en lo más alto del ranking de presos asesinados a nivel estatal, el 11 de abril, pero dejó su vida antes de volver a la supuesta libertad, en medio de las habituales oscuras condiciones que nunca se aclararan. La última víctima de esos agujeros negros que son el espejo más claro de esta sociedad inhumana e insensible. Gorka ha muerto en uno de esos modernos campos de exterminio, de dolor, de enfermedades, de violencia y de opresión que están a cargo de organizaciones que pretenden disfrazarse de resocialización y de humanitarismo banal; en un basurero-matadero democrático bajo la atención de nuestro ejemplar sistema sanitario, bajo la supervisión de nuestros excelentes inspectores y jueces. Al fin y al cabo lo hemos/han matado entre todos.

El hecho de que poco a poco esté organizándose y echando a andar una dinámica de sensibilización y lucha a nivel del Estado español para hacer frente a esta cruda realidad arroja un rayo de esperanza. Pero antes ya han fallado iniciativas similares…

Iros a tomar por culo, porque todos sois cómplices y responsables directos de todas estas muertes: educadores, carceleros, policías, jueces, psicólogos, médicos, enfermeras, burócratas, políticos, juristas, periodistas, ONGs, votantes inocentes… todos vosotros tenéis las manos manchadas de sangre (y los sueldos que recibís cada mes) y si tenéis que castigarnos por decir esta verdad evidente (con la Ley mordaza o con alguna otra norma democrática) bienvenido sea el castigo.

Como cantaba La Polla: “no queremos nadie preso y lucharemos por eso” dicho de otra manera, alterando un poco una canción de Hertzainak: guerra siempre a las cárceles y el modelo de sociedad que las produce!!!

Borrokan https://borrokan.noblogs.org

Euskal espetxeetan hildako lagunik ez dugu ahaztu ez ahaztuko

Apirilaren 7an Eusko Jaurlaritzak kudeatzen eta zuzentzen duen Zaballako espetxean hildako gazte laudiotarrak Gorka zuen izena eta espetxea den zapalketa makineriaren aurrean inoiz amore ez zuela eman gogora ekarri nahi dugu. Ametsgaizto hutsa den zulo beltz horretatik irteteko 3 egun besterik ez zitzaizkion falta, eta gure erakundeei, diru publikoz olioztatutako GKEi zein hedabideei eta gizarteari ez bezela guri haren herioak asko mintzen eta arduratzen gaitu, azken urteotan euskal espetxeetan hildako pertsona guztienak bezela. Gorkak apirilaren 11an Nanclares/Langraitz bezela ezagutzen zen hiltegiaren ondorengoa den Zaballako makrokartzela, estatu mailan hildako presoen rankingean goi goian mantentzen den ametsgaiztozko espetxea utzi behar zuen, baina balizko askatasunera itzuli aurretik inoiz erabat argituko ez diren ohiko baldintza ilunetan bizia utzi zuen. Gizarte anker eta bihozgabe honen ispilurik garbiena diren zulo beltz hoien azken biktima. Gorka bergizarteratze eta humanitarismo hutsalaz mozorrotu nahi dituzten eta gureak omen diren erakundeen ardurapean dauden oinaze, gaixotasun, biolentzia esta zapalketa sarraskitze esparru moderno hoietako batetan hil da; gure osasun sistema eredugarriaren artaketapean, gure ikuskari eta epaile zintzoen zaintzapean dauden giza zabortegi-hiltegi demokratiko batetan. Azken finean denon artean hil dugu/dute.

https://www.elperiodico.com/es/sucesos/20260504/hallan-muerta-interna-prision-ponent-129836364

Desde la asociación vasca GGEBE-ADDSI hemos enviado la siguiente carta a la Embajada de Italia en Madrid y el Viceconsulado italiano en Bilbao, y animamos a todxs aquellas personas preocupadas por los derechos de las personas presas a hacer lo propio.

Texto de la carta:

Alfredo Cospito fuera del 41 bis! Abolición del artículo 41 bis y todos los regímenes de detención en condiciones de aislamiento

El pasado 30 de abril de 2026 el ministro de Justicia italiano Carlo Nordio confirmaba la renovación del artículo 41 bis de aislamiento extremo para el anarquista Alfredo Cospito. Alfredo lleva sometido a dicho régimen de aislamiento desde mayo del año 2022, y entre octubre de 202 y abril de 2023 llevó a cabo una prolongada huelga de hambre que consiguió llevar a primer plano nacional e internacional el debate sobre las condiciones impuestas en Italia por el artículo 41 bis así como la cadena perpetua incondicional conocida como “ergastolo ostativo”.

Todo encierro involuntario -forzado-y prolongado de un ser vivo -humano o no-, y la prisión como máxima expresión de éste, constituye un grave atentado contra el derecho a la salud física y mental, en cuanto que conlleva una severa limitación del acceso a estímulos sensoriales naturales (luz solar, fenómenos y entorno natural) y limita cuando no impide totalmente el desarrollo de unas relaciones sociales y afectivas normalizadas y regulares (incluyendo la tan importante sexualidad), en el caso de los seres humanos comporta la negación y anulación parcial o total de su propia personalidad e individualidad, o lo que viene a ser lo mismo su propia humanidad. En nuestra opinión esto ya de por sí constituye una forma de tortura.

Regímenes y modalidades de encierro basados en el aislamiento de las personas, aunque sea temporal, constituyen el ejemplo más extremo de ésto y son simple y llanamente formas de maltrato y tortura planificada y legalizada. Cuando no son instrumentos de políticas conscientes y planificadas de sometimiento y aniquilación (guerra) contra grupos sociales, étnicos, religiosos o políticos considerados disidentes o peligrosos.

6/05/2026 publicado por Osservatorio Repressione

Las cárceles italianas siguen sumidas en una profunda crisis. En tan solo unos días, dos reclusos y un funcionario de prisiones se han suicidado, mientras que el número de internos ha superado los 64.000. Antígone alerta sobre la situación, describiendo un sistema penitenciario «desesperado», asfixiado por el hacinamiento, la falta de personal y un clima de tensión constante.
El 30 de abril, un funcionario de prisiones de 42 años se suicidó. Pocos días después, un recluso de 27 años en prisión preventiva en Parma falleció tras sufrir una agonía terrible durante tres días después de intentar suicidarse. Otro hombre, de 54 años, se suicidó en la prisión de Turín. Desde principios de 2026, 19 presos ya se han quitado la vida.
Detrás de estas cifras se esconde un sistema al borde del colapso. Al 30 de abril, había 64.436 reclusos en las cárceles italianas, casi 2.000 más que hace un año. Solo en el último mes, el aumento fue de 439. Teniendo en cuenta estas cifras, en realidad solo hay 46.318 plazas disponibles, con una tasa media de hacinamiento del 139,1%.
La situación en muchas instituciones es crítica: 73 de las 189 prisiones presentan una tasa de hacinamiento del 150 % o superior. Esto se traduce en celdas superpobladas, espacio insuficiente, peores condiciones sanitarias, menos opciones de tratamiento, mayor tensión y una creciente desesperación.
Según Patrizio Gonnella, las condiciones son desesperadas no solo para los reclusos, sino también para el personal penitenciario, obligado a trabajar en instalaciones con falta de personal y cargas de trabajo cada vez más insostenibles. «Las prisiones experimentan una tensión palpable», denuncia Gonnella, quien exige medidas urgentes para que el sistema cumpla con los requisitos constitucionales.